En junio de 2012, Minera San Rafeal, S.A., una subsidiaria de propiedad absoluta de Tahoe Resources Inc., interpuso una demanda ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en la que alegaba que "las protestas de la comunidad habían 'impedido su trabajo', incluida la construcción de una línea de transmisión eléctrica mediante un subsidio vial en el municipio vecino de Mataquescuintla. La demanda hacía referencia al Presidente de la República de Guatemala, al Ministro del Interior, al Ministro de Defensa Nacional, al Director de la Policía Nacional, al Comisionado de la Policía Nacional en el Departamento de Jalapa y al Comisionado de la Policía Nacional en el Departamento de Santa Rosa. Los acusó de incumplir con sus deberes de protección de la mina (JCAP, 2017). La Corte desestimó la demanda en febrero de 2013, y concluyó que el gobierno había actuado dentro de sus capacidades jurídicas y que había proporcionado seguridad y planes estratégicos de contingencia para garantizar el orden y la seguridad en la región.
Corte de Constitucionalidad, 26 de febrero de 2013, Expediente 2728-2012, en línea: http://138.94.255.164/Sentencias/821984.2728-2012.pdf, consultado el 8 de diciembre de 2020
Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP), "Solicitud para investigar a Tahoe Resources por no divulgar información material", presentada ante la Comisión de Valores de Columbia Británica, 8 de mayo de 2017, en línea: https://miningwatch.ca/sites/default/files /final_bcsc_disclosure_complaint_re_tahoe_-_may_15_2017.pdf, consultado el 8 de diciembre de 2020