En diciembre de 2016, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala emitió una decisión relacionada con una investigación de la presunta violación del derecho humano a un medio ambiente sano por parte de Entre Mares, SA, como resultado de la operación y los desechos producidos por su mina Cerro Blanco. Como parte de su investigación, la Procuraduría de los Derechos Humanos solicitó informes al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Municipalidad de Asunción Mita (Jutiapa), entrevistó a pobladores de Cerro Blanco y trabajadores de la mina, visitó la mina Cerro Blanco con ingenieros empleados por la empresa, revisó la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la empresa y un informe de respuesta de la Dra. Dina López, solicitó información a Entre Mares y consideró el impacto de las operaciones de Cerro Blanco en los cursos de agua compartidos con El Salvador y la posibilidad de conflicto entre los dos países, entre otros. La Procuraduría de los Derechos Humanos también consideró las obligaciones derivadas de la Constitución de Guatemala, así como la legislación nacional pertinente y los instrumentos internacionales y regionales.
La Procuraduría de los Derechos Humanos determinó que el derecho a un medio ambiente sano está reconocido a nivel nacional e internacional como un derecho humano fundamental. Además, decidió que las licencias mineras de la empresa se basan en una EIA que no toma en cuenta, entre otros, el riesgo de descargar aguas geotérmicas en aguas superficiales, la presencia de sustancias peligrosas (como el arsénico) en los sistemas geotérmicos en el sitio de la mina y el impacto potencial en las plantas y la vida silvestre de la descarga de aguas con temperaturas más altas, entre otras inquietudes. Con respecto a los trabajadores de la mina, la Procuraduría de los Derechos Humanos encontró que, desde el inicio del proyecto, los trabajadores de la mina han sido vulnerables a accidentes laborales y condiciones deficientes, y han recibido una indemnización injusta.
En consecuencia, la Procuraduría de los Derechos Humanos recomendó, entre otros, que: (1) el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales esté alerta y monitoree las nuevas situaciones que han surgido durante el desarrollo del proyecto que no estaban previstas en el EIA original, solicite a Entre Mares que amplíe su EIA tomando en cuenta las conclusiones de la Dra. López, y tenga en cuenta la cantidad de proyectos en el área al evaluar las solicitudes de licencia futuras; (2) el Ministro de Energía y Minas monitoree las nuevas situaciones que han surgido durante el desarrollo del Proyecto Cerro Blanco; (3) el Ministro de Relaciones Exteriores y el Congreso desarrollen los procesos necesarios para ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación; y (4) que Entre Mares cumpla con los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular con respecto a los requisitos de diligencia debida en materia de derechos humanos. En el momento de redactar este informe (septiembre de 2021), no se han informado nuevos avances en esta investigación o en relación con el cumplimiento de las recomendaciones. La mina fue suspendida por Goldcorp Inc. en 2013, pero desde entonces ha sido vendida a Bluestone Resources Inc., que está en proceso de finalizar sus estudios de factibilidad.
Procuraduría de los Derechos Humanos (Guatemala), Decisión sobre presuntas violaciones de derechos humanos relacionadas con la mina Cerro Blanco (en línea como “Expedientes acumulados REF.EXP.EIO.JUT.016-2009/DESC y otros”), 20 de diciembre de 2016, en línea: https://www.pdh.org.gt/biblioteca-digital-documentos-resoluciones/, consultado el 31 de julio de 2018.